Señalan a alcaldesa de Chihuahua por desvío de casi 11 millones de pesos

El daño patrimonial y el quebranto a las finanzas estatales que dejó la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por sus vínculos con la nómina secreta del ex gobernador César Duarte, suma casi 11 millones de pesos, según se desprende de las investigaciones que acumuló la Fiscalía General del Estado (FGE), delito por el cual fue citada a comparecer.

La política panista conocida comúnmente como Maru Campos buscó un amparo para saber de las investigaciones de la FGE, en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, pero le fue negado.

Las acusaciones contra la edil de Chihuahua, se remontan a los años 2013 a 2016, cuando se desempeñó como diputada local, lapso en el cual recibió 300 mil pesos mensuales de manos de César Duarte.

La FGE tiene copias de los cheques expedidos por el gobierno de Duarte y firmados por la entonces diputada panista, en una operación que se le ha denominado “la nómina secreta de Duarte” o “los expedientes X”, quien repartió miles de millones de pesos no sólo a la alcaldesa, sino a personajes de todos los partidos políticos, medios de comunicación, empresarios y hasta miembros del clero de alto relieve, cuyo fin fundamental fue tender una red de protección en caso de que el PRI perdiera las elecciones en 2016.

La carpeta de investigación se ha nutrido con las declaraciones de varios acusados que ya se han acogido al “criterio de oportunidad” o de colaboración para evitar la cárcel.

Maru Campos podría enfrentar también acusaciones de enriquecimiento ilícito, que obtuvo mediante la adjudicación directa de contratos de obra pública, y también por sobornos o reparto de millones de pesos bajo el modelo de la “nómina secreta” al estilo Duarte Jáquez.

De acuerdo con la información obtenida, la edil de Chihuahua se equivoca cuando piensa que sólo se le acusará por pertenecer a la nómina secreta de Duarte Jáquez, cargos que han sido ventilados en la prensa local y que llevaron a conformar las primeras 8 carpetas de investigación en poder de la Fiscalía local.

Campos Galván podría ver el fin de su carrera política, ahora que se perfilaba como la más viable candidata del PAN hacia la gubernatura del estado, cuyas elecciones se realizarán el 6 de junio de 2021.

La Operación Justicia para Chihuahua

El 4 de octubre de 2016, Javier Corral tomó posesión del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. Unas semanas después, en una caja fuerte dentro del edificio del Poder Ejecutivo se encontraron copias de cheques expedidos durante los años 2012 al 2016, a decenas de políticos, empresarios, periodistas, líderes religiosos y panistas. Todos ellos estamparon su nombre y firma.

Además, el gobierno del Corral Jurado tomó posesión de una libreta personal de César Horacio Duarte Jáquez, en la cual el mismo ex gobernador plasmó nombres, fechas, montos y detalles de las entregas que otorgaba a cada uno de las personas con influencia en la entidad y que presumiblemente eran parte de su red de protección vigente y futura.

Lo anterior; provocó que Javier Corral iniciara acciones a través de la “Operación Justicia para Chihuahua”, la cual fue conformada para actuar no sólo contra Duarte, sino también contra Maru Campos.

El mismo gobernador del estado, Javier Corral, ha señalado que todos los que aparecen en esa nómina secreta le decían “jefe” a Duarte Jáquez, y que ya ha entregado mucha información para acreditar sus acusaciones.

Más acusaciones

Corral Jurado confirmó, en una reciente rueda de prensa, que sí hay coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación para consolidar las acusaciones contra varios funcionarios y ex funcionarios de Chihuahua por delitos vinculados a operaciones “offshore” o fuera del país, por el uso de facturas falsas y por otros delitos.

Agregó que en el entramado de esta red de corrupción participaron funcionarios de Hacienda, Salud, Vivienda y Educación, y otras dependencias del gobierno estatal, y que esos procesos e investigaciones se han coordinado con la Federación, y que serán confirmadas en su momento por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Advierte el gobernador Corral Jurado que también incautará y embargará bienes a los culpables, y que serán devueltos al pueblo, porque ese es el objetivo de la operación “Justicia para Chihuahua”.